La Ley Trans es un proyecto de ley presentado por el Ministerio de la Igualdad en España en junio de 2021 con el objetivo de garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y los derechos de la comunidad LGTBI+. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso de los Diputados en diciembre de 2022 y actualmente se encuentra en el Senado para su aprobación final.
Uno de los puntos más importantes y polémicos de la Ley Trans es la autodeterminación de género, que busca eliminar los requisitos actuales para el cambio registral de la identidad de género, como la hormonación durante dos años y los informes médicos. Según la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos, se podrá realizar un cambio registral de identidad de género "a través de un sistema de doble comparecencia, sin intervención médica ni judicial".
De acuerdo con Rodríguez Pam, las personas mayores de 16 años podrán realizar el cambio de identidad de género por sí mismas, mientras que aquellas entre 14 y 16 años necesitarán la asistencia de sus tutores y las de entre 12 y 14 años podrán hacerlo a través de la jurisdicción voluntaria.Así mismo se garantizan los derechos de las personas extranjeras para cambiar sus documentos expedidos en España en los casos que no puedan hacerlo en sus países de origen, según la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos.
La ley también tiene como objetivo mejorar la situación de la diversidad en España, que ha empeorado en los últimos años.
Otros puntos importante de la ley trans son:
Despatologizar a las personas trans
La ley también busca despatologizar a las personas trans, eliminando la consideración de enfermedad a la identidad de género y permitiendo el cambio oficial sin la necesidad de un diagnóstico médico.
Derecho a la filiación de hijos e hijas de parejas de mujeres lesbianas o bisexuales
Con la ley aprobada, las parejas de mujeres tienen los mismos derechos de filiación que las parejas heterosexuales, según la Dirección. Esto significa que las mujeres lesbianas o bisexuales no tienen que casarse para tener hijos o hijas con su pareja. Rodríguez Pam explica que "se nos reconoce nuestro derecho a formar una familia al igual que a las parejas heterosexuales".
Prohibición de las terapias de conversión
También la prohibición de las terapias de conversión, es decir, los procesos falsos que buscan cambiar la orientación sexual de una persona. Estas terapias serán consideradas una infracción muy grave en la ley, junto con la negación del acceso a una vivienda a una pareja LGTBI o la difusión de materiales discriminatorios en centros educativos. La protección de los derechos de las personas intersexuales, prohibiendo las cirugías de modificación genital a menores de 12 años a menos que sean necesarias por motivos de salud, también es uno de los puntos importantes.
Reversibilidad de cambios de género.
La reversibilidad de cambios de género es un proceso que permite a personas volver a su género anterior a la autodeterminación. Según el texto actual, no se requieren más requisitos que la voluntad para el primer y segundo cambio de género, pero si hay un tercer cambio, se debe seguir el procedimiento de jurisdicción voluntaria.
Este proceso judicial se lleva a cabo en el Juzgado de Primera Instancia sin necesidad de abogados o procuradores y consiste en presentar una solicitud junto con "medios de prueba" deseados. Una vez que la solicitud es admitida, el juzgado citará al solicitante y, en su caso, a sus representantes legales, así como al Ministerio Fiscal y otras personas relevantes para considerar la concesión o denegación de la aprobación judicial. En caso de que el solicitante sea menor de edad, se considerará el interés superior del menor.
Ámbito rural y “Sexilio”
La propuesta del texto incluye medidas específicas para garantizar la igualdad de acceso a recursos y servicios para personas LGTBIQ en áreas rurales. Además, se prevé el estudio del fenómeno del "sexilio", que es el abandono del lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia, especialmente en zonas rurales. Con esta parte del articulado, se busca establecer mecanismos para recopilar datos sobre la migración de personas LGTBI en España y, si es necesario, considerar el “sexilio” como una causa de despoblación en las políticas de despoblación del Gobierno de España.
Por último, se busca establecer dos estrategias cuatrienales para impulsar y coordinar políticas LGTBI en coordinación con las comunidades autónomas y promover la inclusión de las personas trans en el mercado laboral y el respeto a su identidad de género en los centros educativos. Además, garantiza una atención sanitaria integral y de calidad para las personas trans basada en principios de no patologización, autonomía, codecisión, consentimiento informado, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación.
Las infracciones a la ley estarán sancionadas con multas de entre 200 y 150.000 euros, dependiendo de si son consideradas leves, graves o muy graves.
Fuentes: